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Revista Dentistas Diciembre 2019 Nº 40



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 La ley 10/1986 sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, fue elaborada tras una intensa, compleja y arbitraria negociación política. La consecuencia de todo ello fue la elaboración de un texto ambiguo, que no delimitaba de manera explícita competencias y dejaba en manos de los futuros Gobiernos el desarrollo de la Ley.

En el preámbulo de la Ley se declaraba que el desarrollo de todas estas profesiones sanitarias ha de cumplir las exigencias de calidad y nivel formativo acordes con los actuales conocimientos técnicos y científicos, con las necesidades sanitarias y asistenciales de la población y con los requisitos de homologación internacionalmente admitidos, especialmente los derivados de las directrices comunitarias en esta materia.

Pues bien, la realidad actual es bien diferente, ya que no se han cumplido ninguna de las exigencias Europeas. Nuestro país es el único de la UE que no posee Especialidades de la Odontología y nuestras competencias se han visto cercadas y ahora parece que acorraladas por otras profesiones del ámbito dental. Urge por tanto, que el nuevo Gobierno, sea o no de coalición, se ponga manos a la obra para desarrollar cuanto antes la Ley sobre los Odontólogos y otras profesionales sanitarias, con el objetivo de delimitar competencias, llenar de contenido las distintas profesiones y poner de una vez por todas, límites a los que confunden contenidos de formación académica con la actividad clínica reglada sobre un paciente. La Odontología no ha sido sólo una exigencia Europea, sino una necesidad de la profesión, que tiene también como principal cometido, coordinar al resto de los integrantes del equipo dental. Por ello, cuando una profesión sanitaria se atribuye competencias que legalmente no posee, no solo da un salto en el vacío, sino que esta circunstancia no la convierte en músico, aunque crea que toca muy bien la flauta.