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Revista Dentistas Junio 2018 Nº 31

El cierre simultáneo de varias multidentales en diversos puntos de nuestra geografía, además de inesperado, injustificado e indecente, ha permitido dejar en la estacada a cientos de pacientes sin finalizar o comenzar unos tratamientos previamente pagados o financiados y ha sembrado, de nuevo, la negra sombra de la desconfianza sobre el conjunto de la profesión.

En muchos de estos casos, se ha intentado disimular estos cierres con una aparente suspensión de pagos – a la que todo empresario tiene derecho – que en realidad encubría una siniestra estrategia urdida con nocturnidad, premeditación y alevosía.

Nocturnidad, porque esa ha sido la hora elegida en la mayoría de los casos, para bajar la reja y poner un cartel de cerrado sin más explicaciones, ante la mirada atónita de unos pacientes que no tenían más consuelo que sus propias preguntas.

Premeditación, porque ninguno de estos cierres fue comentado previamente a sus trabajadores, ni negociaron con ellos el despido o buscaron una solución económica consensuada para ofrecer una viabilidad a la empresa.

Y por último y más importante, con alevosía, porque en las semanas previas al cierre del centro, sus propietarios se han dedicado a financiar nuevos tratamientos que a buen seguro sabían que nunca llegarían a realizar y mucho menos a finalizar. La alevosía, es un agravante a la hora de enjuiciar un hecho, porque como en este caso, se utilizan métodos que aseguran el delito, evitan que la víctima pueda defenderse e impiden que un tercero pueda intervenir, asegurando al delincuente, un delito sin riesgo.

Todos estos lamentables hechos, justifican la necesidad de que la titularidad de las clínicas dentales de este país vuelva a ser propiedad de los profesionales de la Odontología y la Estomatología, como único medio de asegurar su defensa, su supervivencia y una utilidad pública basada en los criterios éticos y deontológicos que siempre han guiado nuestra profesión.