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Notas de Prensa Consejo

 

El cierre de una clínica de la cadena Dentaldent en Carmona deja 70 afectados, mientras que un juzgado de Huelva condena a dos personas por un delito de estafa relacionado con el cierre de otro centro dental

  • El Juzgado de lo Penal de Huelva condena a un año de prisión a dos personas por un delito continuado de estafa tras cerrar sin previo aviso una clínica dental en la capital onubense en enero del 2009, perjudicando tanto a pacientes como a los profesionales que desempeñaban sus funciones en este centro.
  • El Consejo General de Dentistas de España lamenta que vuelvan a producirse este tipo de situaciones, y anima a todos los damnificados a presentar las quejas correspondientes en los colegios oficiales de dentistas de su demarcación. 

 

Madrid, 31 de enero del 2017. El Consejo General de Dentistas de España ha tenido conocimiento del cierre de una clínica dental de la cadena Dentaldent en Carmona (Sevilla) dejando a unas 70 personas con los tratamientos sin terminar, lo que puede provocar un importante perjuicio a su salud y es a todas luces inadmisible desde el punto de vista sanitario y ético.

Según informa el Consejo Andaluz de Dentistas, hasta 66 vecinos de la localidad ya han denunciado ante la Guardia Civil y la oficina municipal de consumo esta situación, que también pueden hacer constar en el Colegio Oficial de Dentistas de su provincia.

Además, el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha condenado a dos personas a un año de prisión por un delito continuado de estafa relacionado con el cierre, sin previo aviso, de una clínica dental en la capital onubense en enero del 2009, tras llevar únicamente seis meses abierta al público.

Se da la circunstancia de que, en este caso concreto, los afectados por este delito son tanto los profesionales que trabajaban en este centro, a los que no abonaron su salario, como los propios pacientes.

Los condenados, fingiendo una solvencia de la que carecían para cumplir con sus compromisos con los clientes, lograban que estos aceptaran los presupuestos correspondientes a los tratamientos prescritos, así como la financiación que ellos mismos les proponían a través de otra entidad, que abonaba la totalidad del importe a la clínica y procedía a cobrar las cuotas mensuales a los pacientes.

El juez ha acordado, según dicta la sentencia, suspender por cinco años la ejecución de las penas impuestas, condicionadas a no delinquir durante este periodo, y a abonar el importe fijado como responsabilidad civil, que supera los 10.700 euros. Los responsables de este delito de estafa intentaron incluso trasladar el material médico a Madrid, lo que no fue posible gracias a la intervención policial.